La renuncia de Marcela Sandoval del Ministerio de Bienes Nacionales parecía que ponía punto final a la fallida compra de la casona de Salvador Allende en calle Guardia para convertirla en un museo. Sin embargo, la oposición fue más allá y recurrirá al Tribunal Constitucional para buscar la destitución de la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández.
“Hemos tomado la decisión de hacer ingreso como bancada del Partido Republicano de ese requerimiento del Tribunal Constitucional para que el TC resuelva esto. Aquí estamos ante una situación muy compleja que es no sólo de una ministra que permanece en el cargo, sino que una senadora que está todos los días votando, haciendo valer su voto en temas muy relevantes”, indicó el jefe de bancada, Luis Sánchez.
El diputado Guillermo Ramírez, timonel de la UDI, se sumó a las voces que buscan que la senadora del PS pierda su escaño en el Congreso, declarando a radio Duna que “ni la senadora Allende, que lleva décadas en el Congreso, ni la ministra Fernández, podría no haber sabido que lo que estaban haciendo era inconstitucional. Y, por lo tanto, a mí me llama demasiado la atención que ellas no hubiesen alzado la voz para decirle al Presidente oiga, esto que usted quiere hacer, se lo agradecemos, lo que usted está haciendo por Salvador Allende, nuestro familiar, padre, abuelo, pero no se puede”.
El PS sale al rescate de Isabel Allende y Maya Fernández
Ante esta ofensiva, la primera en sacar la voz fue la propia senadora Isabel Allende, que en una polémica conferencia de prensa – que incluyó empujones entre parlamentarios y periodistas- se defendió de los llamados a que sea destituida.
Respecto a la decisión de Bienes Nacionales de dar marcha atrás a la compra de la casa de su padre, la legisladora recalcó que como familia “hemos entregado el mandato necesario para que efectivamente se rescinda del compromiso que se había establecido” y dejó en claro que “toda la actuación de la familia fue de buena fe y, si han surgido observaciones, tendrán que ser tomadas en cuenta”.
En cuanto a la postura de Republicanos de llevarla al TC para forzar su salida del Senado, Isabel Allende precisó que “están en su pleno derecho. Como está en su pleno derecho, por supuesto, como familia o, en este caso, como senadora, defendernos”.
“Para este caso, entregamos también un mandato al abogado Gabriel Osorio para que nos represente como familia. Y así como ellos pueden ir al Tribunal Constitucional, para nosotros será el momento, entonces, también, de que se conozcan los hechos, poder defendernos”, anunció.
En tanto, desde el PS cuestionaron las intenciones de la oposición de ir al TC, como lo evidenció el jefe de la bancada de diputados, Daniel Melo: “Si uno revisa las actuaciones de la senadora Isabel Allende a lo largo de toda su trayectoria política, hablamos de una persona intachable que tiene sin duda una trayectoria política en la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la justicia social y hoy día lo que busca la extrema derecha con esto, una vez más, primero es tratar de sacar a todo evento a una ministra de Estado y por otra parte cesar en el cargo a una senadora de la República”.
“Por lo tanto, esto es una artimaña política que desde nuestro punto de vista no tiene ningún tipo de sustento ni fundamento, solo la búsqueda de la odiosidad, agregó.
Junto con ello, reiteraron que las responsabilidades políticas de esta fallida adquisición se asumieron con la salida de Marcela Sandoval de Bienes Nacionales, por lo que “culparlas a ellas (Allende y Maya Fernández) por errores de otros me parece que es tremendamente injusto y excesivo”, sostuvo Daniella Cicardini.
Los nuevos apuntados en La Moneda por fallida compra de casona de Allende
Desde el Ejecutivo reiteraron su postura de que no hubo un accionar inconstitucional en la polémica operación de compra-venta de la casa de Salvador Allende, ya que nunca se concretó y se sumaron a las voces del PS de concentrar las culpas en Bienes Nacionales.
“Esa responsabilidad política recae en el ministerio que estaba a cargo de la ejecución de este proyecto y eso es el Ministerio de Bienes Nacionales. No es baladí que un ministro de Estado salga, pero dada la naturaleza y la importancia del asunto, el presidente tomó esa decisión y las responsabilidades políticas se radican en el ministerio que estaba a cargo”, declaró la vocera Aisén Etcheverry.
Ante una eventual acción inconstitucional, la vocera subrogante insistió que “esto no ha tenido efectos, que no ha habido transferencia de recursos, además se toma la decisión de realizar esta resciliación, que lo que busca es dejar esa etapa del proceso sin efecto”.
Pero Etcheverry también salió al paso de los cuestionamientos a la figura de Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres y cercana al mandatario desde sus tiempos universitarios, quien es la encargada de asesorar en materia legal y constitucional a Presidencia y en este caso visó la firma de Gabriel Boric en el decreto supremo que autorizaba la compra de la casona de calle Guardia Vieja.
Al respecto, la vocera le bajó el perfil a la actuación de Moya, apuntando que “el decreto supremo que firma el Presidente de la República y que, por supuesto, fue analizado por la División Jurídica que analiza legalmente todos los documentos que firma el presidente, es el decreto que habilitaba al proceso compra, decreto que, por cierto, fue a toma de razón por parte de Contraloría y que lo que permitía era seguir avanzando en el proceso”.
“Ese acto, en el conjunto de actos que se requieren para la actualización, consistía exclusivamente en decir si es un inmueble de interés patrimonial, si es el inmueble que es de interés patrimonial y si el Ministerio de Bienes Nacionales tiene las facultades legales para proceder adelante con su adquisición”, precisó, por lo que “es completamente legal en sí mismo, fue lo que realizó la División Jurídica, lo que firmó el presidente y lo que tomó razón de Contraloría en su análisis de la calidad”.
Esta nota El “blindaje” de La Moneda y el PS a la senadora Isabel Allende y Maya Fernández tras ofensiva opositora en su contra apareció primero en El Dínamo.
Mientras el Ejecutivo y el oficialismo reiteraron que la responsabilidad política de la polémica se zanjó con la salida de la ministra Marcela Sandoval, la figura de la jefa de la División Jurídica de la Segpres también quedó en entredicho.
Esta nota El “blindaje” de La Moneda y el PS a la senadora Isabel Allende y Maya Fernández tras ofensiva opositora en su contra apareció primero en El Dínamo.
Mientras el Ejecutivo y el oficialismo reiteraron que la responsabilidad política de la polémica se zanjó con la salida de la ministra Marcela Sandoval, la figura de la jefa de la División Jurídica de la Segpres también quedó en entredicho.
La renuncia de Marcela Sandoval del Ministerio de Bienes Nacionales parecía que ponía punto final a la fallida compra de la casona de Salvador Allende en calle Guardia para convertirla en un museo. Sin embargo, la oposición fue más allá y recurrirá al Tribunal Constitucional para buscar la destitución de la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández.
“Hemos tomado la decisión de hacer ingreso como bancada del Partido Republicano de ese requerimiento del Tribunal Constitucional para que el TC resuelva esto. Aquí estamos ante una situación muy compleja que es no sólo de una ministra que permanece en el cargo, sino que una senadora que está todos los días votando, haciendo valer su voto en temas muy relevantes”, indicó el jefe de bancada, Luis Sánchez.
El diputado Guillermo Ramírez, timonel de la UDI, se sumó a las voces que buscan que la senadora del PS pierda su escaño en el Congreso, declarando a radio Duna que “ni la senadora Allende, que lleva décadas en el Congreso, ni la ministra Fernández, podría no haber sabido que lo que estaban haciendo era inconstitucional. Y, por lo tanto, a mí me llama demasiado la atención que ellas no hubiesen alzado la voz para decirle al Presidente oiga, esto que usted quiere hacer, se lo agradecemos, lo que usted está haciendo por Salvador Allende, nuestro familiar, padre, abuelo, pero no se puede”.
Ante esta ofensiva, la primera en sacar la voz fue la propia senadora Isabel Allende, que en una polémica conferencia de prensa – que incluyó empujones entre parlamentarios y periodistas- se defendió de los llamados a que sea destituida.
Respecto a la decisión de Bienes Nacionales de dar marcha atrás a la compra de la casa de su padre, la legisladora recalcó que como familia “hemos entregado el mandato necesario para que efectivamente se rescinda del compromiso que se había establecido” y dejó en claro que “toda la actuación de la familia fue de buena fe y, si han surgido observaciones, tendrán que ser tomadas en cuenta”.
En cuanto a la postura de Republicanos de llevarla al TC para forzar su salida del Senado, Isabel Allende precisó que “están en su pleno derecho. Como está en su pleno derecho, por supuesto, como familia o, en este caso, como senadora, defendernos”.
“Para este caso, entregamos también un mandato al abogado Gabriel Osorio para que nos represente como familia. Y así como ellos pueden ir al Tribunal Constitucional, para nosotros será el momento, entonces, también, de que se conozcan los hechos, poder defendernos”, anunció.
En tanto, desde el PS cuestionaron las intenciones de la oposición de ir al TC, como lo evidenció el jefe de la bancada de diputados, Daniel Melo: “Si uno revisa las actuaciones de la senadora Isabel Allende a lo largo de toda su trayectoria política, hablamos de una persona intachable que tiene sin duda una trayectoria política en la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la justicia social y hoy día lo que busca la extrema derecha con esto, una vez más, primero es tratar de sacar a todo evento a una ministra de Estado y por otra parte cesar en el cargo a una senadora de la República”.
“Por lo tanto, esto es una artimaña política que desde nuestro punto de vista no tiene ningún tipo de sustento ni fundamento, solo la búsqueda de la odiosidad, agregó.
Junto con ello, reiteraron que las responsabilidades políticas de esta fallida adquisición se asumieron con la salida de Marcela Sandoval de Bienes Nacionales, por lo que “culparlas a ellas (Allende y Maya Fernández) por errores de otros me parece que es tremendamente injusto y excesivo”, sostuvo Daniella Cicardini.
Desde el Ejecutivo reiteraron su postura de que no hubo un accionar inconstitucional en la polémica operación de compra-venta de la casa de Salvador Allende, ya que nunca se concretó y se sumaron a las voces del PS de concentrar las culpas en Bienes Nacionales.
“Esa responsabilidad política recae en el ministerio que estaba a cargo de la ejecución de este proyecto y eso es el Ministerio de Bienes Nacionales. No es baladí que un ministro de Estado salga, pero dada la naturaleza y la importancia del asunto, el presidente tomó esa decisión y las responsabilidades políticas se radican en el ministerio que estaba a cargo”, declaró la vocera Aisén Etcheverry.
Ante una eventual acción inconstitucional, la vocera subrogante insistió que “esto no ha tenido efectos, que no ha habido transferencia de recursos, además se toma la decisión de realizar esta resciliación, que lo que busca es dejar esa etapa del proceso sin efecto”.
Pero Etcheverry también salió al paso de los cuestionamientos a la figura de Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres y cercana al mandatario desde sus tiempos universitarios, quien es la encargada de asesorar en materia legal y constitucional a Presidencia y en este caso visó la firma de Gabriel Boric en el decreto supremo que autorizaba la compra de la casona de calle Guardia Vieja.
Al respecto, la vocera le bajó el perfil a la actuación de Moya, apuntando que “el decreto supremo que firma el Presidente de la República y que, por supuesto, fue analizado por la División Jurídica que analiza legalmente todos los documentos que firma el presidente, es el decreto que habilitaba al proceso compra, decreto que, por cierto, fue a toma de razón por parte de Contraloría y que lo que permitía era seguir avanzando en el proceso”.
“Ese acto, en el conjunto de actos que se requieren para la actualización, consistía exclusivamente en decir si es un inmueble de interés patrimonial, si es el inmueble que es de interés patrimonial y si el Ministerio de Bienes Nacionales tiene las facultades legales para proceder adelante con su adquisición”, precisó, por lo que “es completamente legal en sí mismo, fue lo que realizó la División Jurídica, lo que firmó el presidente y lo que tomó razón de Contraloría en su análisis de la calidad”.
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