En octubre de 2019, el mundo observó asombrado cómo un estallido de descontento reconfiguró la faz de un país conocido por su estabilidad y progreso: Chile. Recuerdo haber descrito aquellos días como tiempos tristes, una caracterización que, a la luz de los eventos subsecuentes, parece haber sido un triste eufemismo. Lo que comenzó como un asalto al icónico sistema de transporte metropolitano, perpetrado por masas carentes de liderazgo formal, con un pretexto tan banal como el aumento del precio del pasaje del metro, rápidamente se convirtió en un ataque dirigido hacia los cimientos mismos de nuestra sociedad democrática y económica. Fue un golpe que, aunque revestido de la anarquía, logró su objetivo de socavar uno de los pilares de nuestro orgullo nacional.
El análisis inicial se quedó corto, espantosamente corto. No solamente fallamos en proteger lo que tanto habíamos construido con esfuerzo, sudor y lágrimas, sino que permitimos, con una mezquina inacción, que se hiciera astillas la estructura completa sobre la que se sostenía nuestro contrato social. El ataque no se detuvo en las estaciones y trenes, sino que continuó haciendo mella en nuestra Carta Fundamental, dejando al descubierto la fragilidad —o quizás la permisividad— de nuestro Estado de Derecho.
Quizás el golpe más duro y desconcertante fue dirigido a Carabineros, una institución históricamente fundamental en la protección de los ciudadanos. En un giro incomprensible para cualquier analista político serio e imparcial, no solo los esfuerzos y sacrificios de los oficiales no fueron reconocidos, sino que estos fueron conducidos al banquillo de los acusados. Es el caso del comandante Crespo, un profesional que en otro país habría sido homenajeado y aumentado de rango, pero en Chile, en lugar de reconocimiento, enfrentó persecución. Las herramientas que utilizó en el ejercicio de sus funciones, herramientas provistas por el mismo Estado, se tornaron en armas utilizadas por aquellos que perdieron de vista el contexto presentando un juicio que, para la desgracia del sentido común, pareció orquestado por un sistema judicial contaminado por una ideología progresista que confunde compasión con permisividad.
En este mar de confusión, se convirtió en un acto casi heroico querer invertir en un país donde las autoridades son incapaces de garantizar siquiera lo más básico: la seguridad. El escenario se vuelve aún más sombrío cuando observamos cómo proyectos esenciales para el desarrollo económico, que contaron con la aprobación institucional, como el caso del proyecto minero Dominga, son obstruidos por el capricho de aquellos que ostentan el poder, pero viven de espaldas a la realidad de quienes realmente trabajan para generar riqueza.
¿Cómo podemos esperar que Chile recupere su solidez económica cuando seguimos eligiendo administraciones que parecen funcionar sobre principios de kakistocracia? Gobernantes cuyos equipos económicos no han experimentado nunca la incertidumbre del emprendimiento, que desconocen en su totalidad que el mercado traduce todo en precios, desde los impuestos hasta los costos del cumplimiento regulatorio. La realidad donde nada es gratuito.
Chile ha perdido la brújula del sentido común; no hace falta ser un erudito del MIT ni un genio en econometría para darse cuenta. Las huellas de este desvarío colectivo son visibles a simple vista. Al final del día, la ciudadanía que señala con dedo acusador a los políticos como responsables de esta debacle, debe reconocer su papel protagónico al empoderarles con su voto. Igualmente responsables son los partidos políticos, inamovibles en su pragmatismo obsoleto, incapaces de anteponer el bienestar del país, como lo han hecho otros líderes (Milei, Bukele). Siguen apostando, increíblemente, por acuerdos con interlocutores que desconocen el valor del consenso y únicamente veneran su dogma.
Confiemos que el 2025 sea el año en que el país despierte de su letargo, que nuestros políticos finalmente maduren, prioricen el bien común y reenfoquen sus esfuerzos donde más se necesita, abriendo paso a una etapa de reconciliación y progreso real y genuino. Que aprendamos y recordemos, que nunca más dejemos que el resentimiento y la polarización sean las fuerzas rectoras que dicten nuestro destino.
Esta nota Recuento amargo apareció primero en El Dínamo.
Confiemos que el 2025 sea el año en que el país despierte de su letargo, que nuestros políticos finalmente maduren, prioricen el bien común y reenfoquen sus esfuerzos donde más se necesita, abriendo paso a una etapa de reconciliación y progreso real y genuino.
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Confiemos que el 2025 sea el año en que el país despierte de su letargo, que nuestros políticos finalmente maduren, prioricen el bien común y reenfoquen sus esfuerzos donde más se necesita, abriendo paso a una etapa de reconciliación y progreso real y genuino.
En octubre de 2019, el mundo observó asombrado cómo un estallido de descontento reconfiguró la faz de un país conocido por su estabilidad y progreso: Chile. Recuerdo haber descrito aquellos días como tiempos tristes, una caracterización que, a la luz de los eventos subsecuentes, parece haber sido un triste eufemismo. Lo que comenzó como un asalto al icónico sistema de transporte metropolitano, perpetrado por masas carentes de liderazgo formal, con un pretexto tan banal como el aumento del precio del pasaje del metro, rápidamente se convirtió en un ataque dirigido hacia los cimientos mismos de nuestra sociedad democrática y económica. Fue un golpe que, aunque revestido de la anarquía, logró su objetivo de socavar uno de los pilares de nuestro orgullo nacional.
El análisis inicial se quedó corto, espantosamente corto. No solamente fallamos en proteger lo que tanto habíamos construido con esfuerzo, sudor y lágrimas, sino que permitimos, con una mezquina inacción, que se hiciera astillas la estructura completa sobre la que se sostenía nuestro contrato social. El ataque no se detuvo en las estaciones y trenes, sino que continuó haciendo mella en nuestra Carta Fundamental, dejando al descubierto la fragilidad —o quizás la permisividad— de nuestro Estado de Derecho.
Quizás el golpe más duro y desconcertante fue dirigido a Carabineros, una institución históricamente fundamental en la protección de los ciudadanos. En un giro incomprensible para cualquier analista político serio e imparcial, no solo los esfuerzos y sacrificios de los oficiales no fueron reconocidos, sino que estos fueron conducidos al banquillo de los acusados. Es el caso del comandante Crespo, un profesional que en otro país habría sido homenajeado y aumentado de rango, pero en Chile, en lugar de reconocimiento, enfrentó persecución. Las herramientas que utilizó en el ejercicio de sus funciones, herramientas provistas por el mismo Estado, se tornaron en armas utilizadas por aquellos que perdieron de vista el contexto presentando un juicio que, para la desgracia del sentido común, pareció orquestado por un sistema judicial contaminado por una ideología progresista que confunde compasión con permisividad.
En este mar de confusión, se convirtió en un acto casi heroico querer invertir en un país donde las autoridades son incapaces de garantizar siquiera lo más básico: la seguridad. El escenario se vuelve aún más sombrío cuando observamos cómo proyectos esenciales para el desarrollo económico, que contaron con la aprobación institucional, como el caso del proyecto minero Dominga, son obstruidos por el capricho de aquellos que ostentan el poder, pero viven de espaldas a la realidad de quienes realmente trabajan para generar riqueza.
¿Cómo podemos esperar que Chile recupere su solidez económica cuando seguimos eligiendo administraciones que parecen funcionar sobre principios de kakistocracia? Gobernantes cuyos equipos económicos no han experimentado nunca la incertidumbre del emprendimiento, que desconocen en su totalidad que el mercado traduce todo en precios, desde los impuestos hasta los costos del cumplimiento regulatorio. La realidad donde nada es gratuito.
Chile ha perdido la brújula del sentido común; no hace falta ser un erudito del MIT ni un genio en econometría para darse cuenta. Las huellas de este desvarío colectivo son visibles a simple vista. Al final del día, la ciudadanía que señala con dedo acusador a los políticos como responsables de esta debacle, debe reconocer su papel protagónico al empoderarles con su voto. Igualmente responsables son los partidos políticos, inamovibles en su pragmatismo obsoleto, incapaces de anteponer el bienestar del país, como lo han hecho otros líderes (Milei, Bukele). Siguen apostando, increíblemente, por acuerdos con interlocutores que desconocen el valor del consenso y únicamente veneran su dogma.
Confiemos que el 2025 sea el año en que el país despierte de su letargo, que nuestros políticos finalmente maduren, prioricen el bien común y reenfoquen sus esfuerzos donde más se necesita, abriendo paso a una etapa de reconciliación y progreso real y genuino. Que aprendamos y recordemos, que nunca más dejemos que el resentimiento y la polarización sean las fuerzas rectoras que dicten nuestro destino.
Opinión | El Dínamo
